Siempre que cumplan los criterios de admisibilidad, las universidades y otras instituciones académicas pueden participar en los proyectos.
En la mayoría de los casos, se unen como socios asesores para ofrecer una capacidad particular a la asociación.
En el caso de que las universidades aborden un instrumento político, deben demostrar su relevancia política, ya que no suelen ser consideradas como una autoridad responsable de las políticas.